Comentario de la noticia de la LOMLOE
¿Podemos esperar una
mejora real de la inclusión educativa tras la Lomloe?
(extraído de: “https://eldiariodelaeducacion.com/2022/06/13/podemos-esperar-una-mejora-real-de-la-inclusion-educativa-tras-la-lomloe/”)
El artículo se centra en algunos aspectos de la LOMLOE que considera que no están debidamente especificados. Son básicamente dos. Por un lado, las “etiquetas” que se colocan para profundizar en la educación inclusiva y, por el otro, con la asignación de recursos a los centros educativos.
En
lo que respecta al primer problema, se detalla que el término “necesidades
educativas especiales”, creado en 1985, ha sido sujeto a varias modificaciones
y de él han derivado otra serie de términos que, en vez de ayudar a
sistematizar una misma visión educativa, lo único que han conseguido es
dificultar la tarea. Se mencionan, por ejemplo, los términos “apoyo educativo”,
“compensación educativa”, “integración tardía”, “dificultades de aprendizaje” …
que pretenden ser más inclusivos pero que pecan de ser excesivamente generales.
Además, esas necesidades especiales siguen permaneciendo inalteradas, y lo único que se consigue es desviar la atención sobre lo verdaderamente importante: la inclusión. Es una visión global demasiado cerrada, pero a la vez tan diluida en significados que evita la consecución efectiva de métodos educativos. Quizá sea una especie de deuda pendiente que las distintas legislaciones no han conseguido (o no han querido) paliar.
El segundo problema también tiene que ver con la inclusión, pero está enfocada más bien a una cuestión relacionada con la gestión de los recursos a los centros educativos. Aunque se especifica (y eso es cierto) que no es excusa para desarrollar de forma efectiva medidas inclusivas. La cuestión es que se necesita mejorar la financiación del sistema educativo, ya que España va a la cola si se compara con la media de los países de la Unión Europea, y persiste con los mismos sistemas y métodos desde hace más de 30 años. No solo eso, sino que se estanca todo en un amasijo de categorías o características comunes de los centros y sus necesidades, en vez de dedicar tiempo a ver qué es lo que necesita exactamente cada uno de ellos, de forma individual
El artículo también sugiere dotar de mayor autonomía a los centros educativos a la hora de solicitar recursos para mejorar sus metodologías inclusivas, lo cual es bastante acertado, porque nadie mejor que los implicados pueden defender y abogar por una causa que, desde hace demasiados años, está siendo relegada a una mera cuestión logística e informática de reparto de recursos. Una especie de venta al por mayor que no genera ningún tipo de mejora ni ayuda a que las necesidades educativas inclusivas sean paliadas en los centros de nuestro país.
Además, esas necesidades especiales siguen permaneciendo inalteradas, y lo único que se consigue es desviar la atención sobre lo verdaderamente importante: la inclusión. Es una visión global demasiado cerrada, pero a la vez tan diluida en significados que evita la consecución efectiva de métodos educativos. Quizá sea una especie de deuda pendiente que las distintas legislaciones no han conseguido (o no han querido) paliar.
El segundo problema también tiene que ver con la inclusión, pero está enfocada más bien a una cuestión relacionada con la gestión de los recursos a los centros educativos. Aunque se especifica (y eso es cierto) que no es excusa para desarrollar de forma efectiva medidas inclusivas. La cuestión es que se necesita mejorar la financiación del sistema educativo, ya que España va a la cola si se compara con la media de los países de la Unión Europea, y persiste con los mismos sistemas y métodos desde hace más de 30 años. No solo eso, sino que se estanca todo en un amasijo de categorías o características comunes de los centros y sus necesidades, en vez de dedicar tiempo a ver qué es lo que necesita exactamente cada uno de ellos, de forma individual
El artículo también sugiere dotar de mayor autonomía a los centros educativos a la hora de solicitar recursos para mejorar sus metodologías inclusivas, lo cual es bastante acertado, porque nadie mejor que los implicados pueden defender y abogar por una causa que, desde hace demasiados años, está siendo relegada a una mera cuestión logística e informática de reparto de recursos. Una especie de venta al por mayor que no genera ningún tipo de mejora ni ayuda a que las necesidades educativas inclusivas sean paliadas en los centros de nuestro país.
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